Como ya alertaban los expertos, los más de dos años de pandemia de Covid-19, con los confinamientos que trajo consigo, han tenido un fuerte impacto en los suicidios entre la población española en general, y especialmente entre los jóvenes. Si antes ya estaba considerado un grave problema de salud pública, ahora lo es aún más.

El abordaje del suicidio es complejo porque abarca los ámbitos social y médico, pero también la esfera individual de cada persona. Los expertos consideran que los factores de riesgo son múltiples:

• Factores sistémicos y sociales. Aquí se incluye desde las barreras para acceder a la atención sanitaria hasta el tratamiento que realizan los medios de comunicación, pasando por el estigma asociado a la demanda de ayuda, ya que se vincula a problemas de salud mental.

• Factores comunitarios. Desastres, guerras, conflictos… pero también la discriminación de algunos colectivos y su acoso. En este ámbito, también están los traumas y abusos de todo tipo: las personas que han vivido situaciones adversas en la infancia (violencia, abuso sexual, maltrato, separación de los padres…) presentan un mayor riesgo de suicidio.

• Factores relacionales. Sentimiento de aislamiento, soledad, falta de soporte y conflictos en las relaciones.

• Factores individuales. Intentos anteriores de suicidio, trastornos mentales, consumo excesivo de drogas (incluido el alcohol), dolor crónico, discapacidad, antecedentes familiares e incluso factores genéticos y biológicos, entre otros.

Un plan con 8 objetivos específicos

Por todo ello, el Pla de Prevenció del Suïcidi 2021-2025 de la Generalitat de Catalunya diseña 8 objetivos específicos para reducir la prevalencia y el impacto de la llamada conducta suicida:

1. Diseñar e implantar un sólido sistema de investigación, conocimiento y vigilancia epidemiológica de la conducta suicida.

2. Sensibilizar, informar y formar a la comunidad sobre la conducta suicida y su prevención, detección y apoyo en los casos de riesgo.

3. Disminuir las conductas suicidas actuando sobre la disponibilidad, accesibilidad y atractivo de los medios respecto a la muerte por suicidio (sustancias, medicamentos, armas de fuego, estructuras físicas, etc).

4. Ofrecer servicios de atención sanitaria y social más integrados y eficaces para prevenir el suicidio y la conducta suicida en el caso de las personas en situación de riesgo.

5. Mejorar la detección y atención en atención primaria de salud, utilizando los tratamientos y abordajes basados en la evidencia científica en las conductas suicidas, así como mejorar la atención urgente y su seguimiento.

6. Promover el efecto preventivo en la cobertura mediática y el uso de Internet y los medios digitales de comunicación.

7. Mejorar la capacidad de respuesta rápida, tanto en la identificación inicial como en la práctica colaborativa y en la derivación de los casos de riesgo detectados, para realizar un abordaje oportuno.

8. Proporcionar apoyo desde el sistema judicial, de salud, servicios sociales y otros implicados a las personas cuidadoras, familias y comunidades afectadas por el suicidio de un ser querido.

Datos preocupantes

Los últimos datos disponibles indican que en España las muertes por suicidio entre menores de 15 años crecieron el 57% en 2021, respecto a 2020. Esto significa 22 casos, el triple que en 2019, anterior a la pandemia. La tendencia se mantuvo en el primer trimestre de 2022: se quitaron la vida 37 menores de edad, 7 de ellos de entre 10 y 14 años.

Las cifras respecto a la población general tampoco paran de subir: 4.000 personas se suicidaron en 2021, un 1,6% más que en 2020, que ya era el año con más casos desde que se tienen estadísticas. En los primeros seis meses de 2022, los casos superaban ya los 2.000.