A finales de este mes de enero, hemos podido conocer el décimo dictamen elaborado por el Observatorio de la Dependencia, en el que denuncia el «desmantelamiento» de la aplicación de la Ley de Dependencia por parte de algunas Comunidades Autónomas.

El informe hace hincapié en el hecho de que algunas Comunidades Autónomas, como la Comunidad Valenciana, Canarias, Baleares o Ceuta y Melilla, no aplican las prestaciones ni los servicios contemplados por dicha Ley, «poniendo a sus ciudadanos y ciudadanas en una situación de desprotección frente al resto en una materia de protección social tan básica». A su vez, destaca el esfuerzo de mejora que llevan a cabo las Comunidades Autónomas mejor valoradas, como son Castilla León (9,2), País Vasco (7,5) y Andalucía (7,1).

Según el Observatorio, el «frenazo» en la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia se refleja en el gasto por habitante/año para esta política social, que se ha quedado «estancado» en 113 euros por habitante y año, así como la aportación por dependiente atendido, que se ha reducido hasta los 7.000 euros por año. Asimismo, denuncia que, a causa de la reforma del Gobierno, se han «caído» del sistema 9.587 personas.

Y es que, como consecuencia de las reformas impuestas por el Gobierno, las Comunidades Autónomas se sienten muy presionadas para reducir el gasto público, hecho que según la valoración del Observatorio, «no han hecho sino recortar derechos efectivos y rebajar la financiación de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas».

La reducción en el número de personas atendidas, ha provocado que 230.203 de éstas se encuentren en el llamado «limbo de la dependencia», o lo que es lo mismo, personas que tienen reconocido el derecho a ser atendidas, pero que no reciben atención. El gran desequilibrio que existe entre los diferentes territorios puede verse en el siguiente gráfico, que recoge las cinco comunidades que cuentan con mayor y menor porcentaje de personas en lista de espera.

Ciertamente estos datos no son muy alentadores. Para los que llevamos más de 20 años cuidando y atendiendo ancianos y personas en situación de dependencia, la dificultad para desarrollar nuestro sector es algo a lo que ya estamos acostumbrados.

Si miramos cómo estaba la ayuda a la dependencia hace 10 o 15 años, hemos de reconocer que ha mejorado considerablemente. La aparición de una ley universal que recogía y regulaba los derechos de las personas con dependencia supuso un gran avance, que generó muchas expectativas positivas.

La realidad siempre se empeña en mostrarnos que las cosas no son siempre tan sencillas. Sin embargo, creemos que tenemos que ser positivos, y pensar que este momento en el que estamos, no es más que una paso hacia atrás para coger impulso y seguir con más fuerza.